Derechos humanos y control de convencionalidad

 En el ámbito de la criminología, los derechos humanos y el control de convencionalidad son elementos fundamentales para garantizar la protección de los derechos de las personas en el contexto del sistema de justicia penal.

Los derechos humanos son aquellos derechos inherentes a la persona humana, reconocidos y protegidos por las leyes y normas internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, la privacidad, entre otros. En el contexto del sistema de justicia penal, los derechos humanos se refieren a las garantías procesales y los derechos fundamentales de las personas involucradas en los procesos penales, incluyendo a los imputados, las víctimas y los testigos.

Por su parte, el control de convencionalidad se refiere al deber de los jueces y tribunales de garantizar que las leyes y normas nacionales sean compatibles con los tratados internacionales de derechos humanos. Esto implica que los jueces deben evaluar la conformidad de las leyes y normas nacionales con los estándares internacionales de derechos humanos, y tomar en cuenta la jurisprudencia y las decisiones de los tribunales internacionales en la interpretación y aplicación de las normas nacionales.

En la criminología, los derechos humanos y el control de convencionalidad son elementos esenciales para garantizar que el sistema de justicia penal sea justo, imparcial y respetuoso de los derechos fundamentales de todas las personas involucradas en los procesos penales. Esto implica que los operadores del sistema de justicia penal, incluyendo a los jueces, fiscales, defensores, policías y demás funcionarios, deben conocer y respetar los estándares internacionales de derechos humanos, y aplicarlos en la interpretación y aplicación de las normas nacionales.

En conclusión, los derechos humanos y el control de convencionalidad son elementos fundamentales en la criminología para garantizar la protección de los derechos fundamentales de todas las personas involucradas en los procesos penales, y para asegurar que el sistema de justicia penal sea justo, imparcial y respetuoso de los derechos humanos.